Los Consejos de Guerra de Franco. Segunda Parte

En esta segunda entrega voy a exponer las biografías de dos protagonistas del aparato represor del régimen, el teniente coronel y juez de instrucción Enrique Eymar Fernández, y la del comandante y ponente-fiscal Manuel Fernández Martín, los cuales tienen en sus vidas detalles muy jugosos.

Enrique Eymar Fernández: Posiblemente la figura más siniestra de estos tribunales, tiene una biografía muy curiosa. Fue comandante del ejército republicano, ostentando los cargos de Subdirector del Museo del Ejército y Presidente de la Asociación de Mutilados de Guerra de la República.

Tras la entrada de Franco en Madrid es detenído como todos los militares republicanos, y procesado por rebelión militar, es decir, no haberse unido a la rebelión.

Por motivos desconocidos su causa es sobreseida y reingresado en el ejército franquista como juez de prisioneros, es de suponer que este suceso se debió a algún tipo de amiguismo, pero no se sabe que ofreció a cambio al ejército pero tuvo que ser algo muy útil para el régimen, como decía se le nombró juez de instrucción de la Primera Región Militar. Cuando en 1958 se creó el tribunal militar de "Actividades Extremistas" , con jurisdicción sobre todo el territorio nacional, se le nombra presidente del mismo. El objetivo de este tribunal, según palabras del propio Franco, era combatir una campaña de grandes proporciones que las lógias masónicas estaban preparando contra el régimen, es decir, la famosa conspiración marxista judeo-masónica, que sirvió de excusa para todo. Algo totalmente infundado ya que según las propias cifras del Alto Estado Mayor las personas condenadas por los tribunales militares descendían de año en año 1266 en 1954, 902 en 1955, 723 en 1957, 717 en 1958 y 529 en 1959.

Eymar estuvo en este tribunal hasta la creación del Tribunal de Orden Público en 1963. Siendo famoso por vejar a los acusados, especialmente a las jóvenes acusadas y el chantajear a las viudas de los condenados.

Eymar fue el juez de los dos casos que vamos a ver. Como nota "curiosa" decir que este personaje no era abogado, ni tenía conocimientos en leyes lo cual era amparado por la legislación de la época.

Manuel Fernández Martín: Todo un farsante, ya que no tenía título y al contrario que con el caso de Eymar, para ser ponente y fiscal la legislación franquista si exigía ser abogado, solo por esto todos los consejos de guerra en los que participó son nulos, como digo, según la propia ley de la época. Pero además durante la guerra se hizo pasar por médico y con el puesto de alférez médico participó en numerosas operaciones durante los 6 meses que ejerció como tal hasta que en 1937 pasó al Cuerpo Jurídico Militar, donde como he dicho tampoco era abogado.

El papel del ponente en un Consejo de Guerra era asesorar al juez (que no tenía por que tener conocimientos legales), por lo que el delito de la farsa de Fernández Martín es mucho más grave. En la oficina de este sujeto se tenía por costumbre citar a las esposas de los acusados con la frase "la viuda del acusado, que pase", supongo que pensaría que tenía un gran sentido del humor.

En 1964 se descubrió su mascarada, la Universidad de Sevilla certificó que había estudiado allí, pero que solo había aprobado 3 asignaturas de primero de derecho. Dos años después se le condenó a un año y seis meses, con el atenuante "que no pretendió causar daños de tanta gravedad". Murió poco después sin entender por qué se le había sometido a tal humillación. Pero ¿como había conseguido su puesto? la respuesta es la siguiente, solicitó por carta al presidente del Colegio de Abogados de Cáceres un certificado que le acreditase como "una persona de conducta intachable y afecto al régimen", cuando tuvo dicho certificado en su poder añadió la línea "y está matriculado en este colegio de abogados" y este papel fue el salvoconducto para su ascenso, y cuando alguien le pedía su expediente académico se excusaba diciendo que se lo habían quemado durante la guerra.

A estos dos personajes se les calcula una cifra de unas 4000 sentencias de las que un 25% fueron sentencias de muerte.